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BLOG DEL FPDT


La nueva batalla de Atenco, ahora en defensa de su agua

Posted: 26 Nov 2012 05:26 PM PST


La nueva estrategia para doblegar al pueblo de Atenco y despojarlo de sus tierras pasa por quitarles la administración de su agua, comprar  las tierras vecinas con engaños y cortar la luz de los pozos de agua.

Los operadores de esta estrategia, por parte de los tres niveles de  gobierno, son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión  Federal de Electricidad (CFE), y los beneficiarios serían los grupos  empresariales que catapultaron al poder a Enrique Peña Nieto.

El neoliberalismo y la tierra

A partir de la adopción del modelo económico y político neoliberal  por parte del gobierno, movimientos campesinos y luchas populares tienen como objetivo la defensa de sus territorios. Estas luchas constituyen  una reacción contra  el intento de despojo del territorio y la  explotación de los recursos naturales de racionalidad instrumental por  parte de empresas privadas -nacionales y trasnacionales- y proyectos  desarrollistas del Estado.

En particular, el campo ha sido afectado por la implementación del  modelo de ventajas comparativas (importación de alimentos, incentivación de la inversión extranjera en la manufactura, promoción de  agroimportaciones no tradicionales de grupos pequeños de productores,  abandono de las inversiones estatales en materia de infraestructura para el campo e investigación, supresión de subsidios y precios de garantía, ectétera). Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en  1994 se redujo aún más el apoyo gubernamental a la agricultura, y  grandes grupos de campesinos quedaron relegados.

Estos movimientos responden a las consecuencias que el andar hacia un Estado neoliberal  ha dejado. En 1992 se modificó el artículo 27  constitucional, con lo que se abrió la puerta a la privatización de las  tierras campesinas, inscritas en un marco legal de propiedad ejidal o  comunitaria, es decir, propiedad social. El Programa de Certificación  de  Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) fue la   puerta legal para llevar a cabo la transformación de la propiedad social a privada. En 2006 se cerró el programa, intensificando la compra y  renta de tierras para su explotación o transformación.

Ya no sólo las expropiaciones eran las estrategia de estos gobiernos  para despojar a las comunidades campesinas e indígenas, con el argumento del bien común, sino que ahora también esta apertura  a la  privatización dio capacidades a las elites económicas y políticas  que,  de acuerdo a sus intereses, han especulado con las tierras de nuestra  patria para la construcción de casas habitación, para construir  carreteras,  para la explotación de la propia tierra. Esto ha sucedido  sobre todo en el norte del país, donde los empresarios agrícolas se han  hecho de grandes extensiones de territorios para la implementación del  monocultivo de productos que se exportan a los Estados Unidos. El modelo agroexportador incrementa el deterioro por la explotación intensiva de  las mejores tierras y de los distritos de riego.

Los capitalistas se han dado cuenta de lo finito de los recursos  naturales y han incluido en su discurso la dimensión de lo ambiental,  pero en los hechos nuestro país se encuentra sumamente deteriorado y no  dan cuenta de cómo detener la devastación. Estas condiciones han dado  lugar al nacimiento de algunos movimientos sociales que no  necesariamente están guiados por alguna filosofía política o inclinación particular y que también se alimentan de las consecuencias de las  medidas que desde los años setenta se han tomado para hacer frente a la  crisis económica, que llevarían a la adopción del modelo neoliberal.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco  representa un ejemplo de cómo se han implementado las estrategias del  capitalista, con las distintas caras que tiene,  pero también representa un ejemplo de lucha que puede darnos alguna idea de por dónde caminar  hacia la lucha por una transformación social. Este movimiento social  logró cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de  México, que el gobierno federal pretendió construir en 2001 sobre  tierras ejidales de la zona de Texcoco (2001) en la región donde se  contempló el Plan Puebla- Panamá. La construcción del aeropuerto,  representaban no sólo la desposesión de los campesinos, sino también el  acceso a otros negocios para las empresas privadas: hoteles, comercios,  nuevas zonas residenciales, etcétera, así como  un paso más hacia la  privatización del agua y la tierra.

Desde la derogación del decreto, los gobiernos -municipales, estatal y federal- han insistido en la compra o despojo de las tierras  atenquenses dado que se canceló la posibilidad de expropiarlas, es  decir, arrebatarlas. Hoy los mecanismos son otros, pero el gobierno no  ha parado su intención de arrebatar el patrimonio de Atenco. Ahora no  sólo quieren las tierras, sino que han iniciado estrategias para  arrebatarles la autonomía de la administración y gestión del agua.

Del despojo de tierras

Todos los proyectos que el gobierno ha querido implementar en las  comunidades del municipio de Atenco tienen que ver con la insistencia  en  imponer el aeropuerto.  Un ejemplo son las concesiones que se le han otorgado a OHL, fusión de siete empresas españolas que en México se  llama OHL Concesiones. Esta empresa ha tenido muchas alianzas con la  gestión del gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto desde el 2003. OHL ofrece servicios de infraestructura carretera, aeroportuaria,  ferroviaria y portuaria.

Distintos niveles de gobierno, pero principalmente el gobierno de  Peña Nieto, le concesionaron a este corporativo la construcción de las  cuatro fases del Circuito Exterior mexiquense, el Viaducto Bicentenario, la autopista Puebla–Perote, la autopista Urbana Norte, el libramiento  Norte-Puebla y la Supervía Poetas, además de la operación del aeropuerto de Toluca hasta el 2040. A su vez, OHL contrató  a Alter Consultores  para la desincorporación de la propiedad social del Circuito Exterior  Mexiquense Bicentenario fases I, II, III, así como la liberación y  desincorporación de tierras de propiedad social y privada para el  libramiento norte de la ciudad de Puebla.

Alter Consultores dice que se dedica a la “elaboración de  diagnósticos de riesgo ejidal o comunal, así como de la pequeña  propiedad”. El director de Alter consultores  es el licenciado Julio  Antonio Virgen Camaño, quien fuera delegado de la Procuraduría Agraria  del Estado de México desde el 2005; él tiene información estratégica de  los ejidos de esa región.  Este  ex delegado, en ese mismo año,   presentó un  informe a nombre del Comité Operativo Estatal con el  resultado de la actividades de regularización desplegadas por las  instancias agrarias, junto con el Procurador Agrario, doctor Isaías  Rivera Rodríguez; el secretario general de gobierno del Estado de  México, ingeniero Manuel Cadena Morales; y el representante del  ejecutivo estatal, que en ese entonces era Arturo Montiel Rojas.

Alter Consultores está coludido con el gobierno y los grupos de poder mexiquenses que llevaron a la presidencia a  Enrique Peña Nieto. OHL es una de las empresas señaladas por facilitar el dinero para la compra de los más de cinco millones de votos de la imposición -en la elección  federal- que vivimos hoy día de un grupo de poder que quiere privatizar  muchos de nuestros recursos naturales y vender nuestra patria, un grupo  de poder represor.

No estoy diciendo que los demás partidos políticos o grupos de poder  no son corruptos, sabemos que todos lo son, pero este grupo es el que  insiste en la desaparición de estos  pueblos y en la compra de  voluntades a través de despensas.

Los clientes de Alter  Consultores son el gobierno del Estado de  México -o sea ellos mismos-, la administradora mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca,  Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. de C.V., así como  Impulsora del Desarrollo y Empleo en América Latina, de Grupo CARSO.

Alter Consultores está contratada por OHL para que lleve a cabo  la  compra de las tierras en San Francisco Acuexcomac, San Salvador Atenco y en la colonia Francisco I. Madero. Con la excusa de que son expertos en resolver “conflictos agrarios”, los ingenieros Andrés Ixmatlahua Lemus y Álvaro Paredes Pérez se ha presentado con los comisariados ejidales de  las comunidades mencionadas para ofrecer la compra de tierras para el  entronque de la autopista Peñón – Texcoco, que cruza los ejidos  mencionados y conecta a Acolman hacia Tulancingo, Hidalgo.  Estos  técnicos operativos, como se presentaron, están  a la orden del  ingeniero Roberto Muñoz Espinoza, quien fuera visitador agrario de la  propia Procuraduría Agraria y a quien reconocen los ejidatarios de estos núcleos agrarios.

Las argumentaciones de esta empresa para comprar en estos tres ejidos implican la intención de engañar a los ejidatarios. Primero los visitan casa por casa. En el caso de San Salvador Atenco, visitaron a 33  ejidatarios de la tabla que se conoce como “El gachupín” diciéndoles que la colonia Francisco I. Madero ya les había vendido su terreno; luego  visitaron a 43 ejidatarios de Acuexcomac, diciéndoles que San Salvador  Atenco ya había vendido.  El 6 de mayo de este año, en asamblea ejidal,  el ejido de San Salvador Atenco rechazó la venta de las tierras,  mientras en Acuexcomac está por darse una asamblea de pueblo para tratar este tema.

Los mismos técnicos les han dicho a algunos ejidatarios que el  artículo 27 constitucional ya cambió y que ahora pueden vender aunque no tengan el dominio pleno de sus parcelas, que es el último paso del  Procede para abrir la puerta a la venta de tierras. Este paso legaliza  la parcelación de las tierras para el cambio de la propiedad social a la privada. Si este paso no se ha dado en los núcleos ejidales, el destino de las tierras se decide en la asamblea ejidal. Todo es una artimaña de estos señores para confundir a los pobladores.

Otra argumentación es que tienen que vender ahorita que están pagando porque en unos meses se puede reactivar una expropiación para esos  terrenos. Esto también es un engaño por parte de esta empresa  mencionada, ya que esto no puede ser posible por la derogación que gano  el FPDT en el 2002.

El gobierno del Estado de México también ha construido, en la gestión de Peña Nieto, el  libramiento Texcoco, la ampliación de la carretera  Calpulalpan – Texcoco, puentes distribuidores proyectados en el ejido de San Salvador Atenco y  San Fermín, al igual que las obras de drenaje  Túnel Emisor Oriente para evitar la saturación de agua en la zona. La  intención es poner en marcha un proyecto “ecológico” que desde el  2008  impulsó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denominado  Zona de  Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. Este  proyecto  destinaría aproximadamente el  80 por ciento de su presupuesto a la  compra de tierras; el resto sería para el mantenimiento del mismo. Si el presupuesto del proyecto es del 20 por ciento, ¿por qué el gobierno no  dejó que los pueblos lo llevaran a cabo en vez de que el objetivo  principal sea la compra de tierras?

La Conagua compró terrenos ejidales en Ixtapan y Nexquipayac. En esta última localidad lo hizo buscando a cada ejidatario, ofreciendo de 200 a 250 pesos por metro cuadrado y asesoría para cambiar la propiedad  social a privada.  Ahí los ejidatarios tienen el dominio pleno de sus  tierras desde el 2008, cuestión que se dio en medio de la especulación  de sus tierras por parte de la Conagua; finalmente, se hizo el cambio y  se vendieron los terrenos. San Salvador Atenco y San Francisco  Acuexcomac se negaron a la venta de sus tierras.

El agua

En San Salvador Atento y Acuexcomac, así como en otros núcleos  agrarios, la Conagua ha incitado el bloqueo a las mejoras de los pozos  de agua que se utilizan para  riego. En el  ejido  de  Atenco  existen  siete  pozos  de  riego  (San Antonio, la Purísima, La Manal, San  Bartolo, Espíritu  Santo, Santa  Rosa y La Galera), todos ellos   constituidos  por  sociedades ejidales de  las unidades de  riego   agrícola del  ejido  mencionado. Estos  pozos están en la Cuenca del  Valle de Texcoco, donde  hay  una veda permanente  de  nuevos  pozos  para los ejidatarios con la argumentación de la sobreexplotación de agua del subsuelo; no  hay ninguna posibilidad de realizar  una gestión  para  abrir un solo pozo más. Sin embargo, los gobiernos dan concesiones a modo; por ejemplo, en la  zona Texcoco – Chimalhuacán hay complejos  comerciales con uno o más  pozos de  agua  potable para abastecerlos.  De  igual manera, en los  desarrollos de casas de “interés social” -sobre todo las construidas por Casas ARA, como es el caso de San  Vicente Chicoloapan- el agua ya no es de la comunidad, si no para el  abastecimiento de las casas habitación.

Se han abierto más pozos en una devastada cuenca hidrográfica  del  oriente  del  Estado de México mientras se niega la extracción a las  comunidades originarias.  Cualquier ejido que se encuentra en esta  región tiene que pasar por un sinnúmero de trámites, además de que se  han modificado las políticas de concesión.  Por ejemplo, las concesiones se deben renovar cada cinco u ocho años, y de no hacerlo causan  una  multa por retardo. Algunos  ejidatarios no renovaron a tiempo, como es  el caso del pozo de La Manal, del ejido de San Salvador Atenco, y la  Purísima y  Espíritu  Santo de Acuexcomac. Estos no han podido renovar  su concesión por una serie de trámites que, en tiempos, lleva a la  terminación del plazo en el que tienen para pagar las multas y la misma  renovación; los pozos se clausuran con una tapa soldada con la leyenda “Inviolable”.

El pozo de La Purísima se encuentra en los bordes del río San Bartolo y es un pozo inhabilitado por la Conagua justo en la zona que Alter  Consultores pretende comprar. También han sufrido robo de instalaciones  eléctricas, transformadores y tableros, que los mismos ejidatarios  costean, como en el caso del pozo Espíritu  Santo.

También están los cobros de  luz por parte de la Comisión Federal de  Electricidad (CFE). No ha sido posible pagarlos en algunos pozos, y por  ello les cortan el  suministro  eléctrico; esto lo padecen los  ejidatarios desde hace varios años. Hoy día, San Salvador Atenco lleva  más de un mes sin agua potable porque la CFE cortó la luz del pozo que  los suministra.  El derecho humano  al acceso al  agua es uno de los  aspectos que a la CFE se le escapan en estos casos. En el 2002, el   Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas  hizo la observación general número 15 sobre el derecho al agua; ahí  afirmó que es un derecho de todos “disponer de agua suficiente,  saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y  doméstico”.

En México ha habido diversas iniciativas -en 2008, 2009 y 2011- para  que se reconozca ese derecho a nivel constitucional, que llevaron a la  reforma al artículo cuarto constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero  de 2012. En ella se adicionó un  párrafo a dicho artículo, que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de  agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y  asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las  bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y  sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de  la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la  participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Esta reforma tiene dos implicaciones. La primera es que CFE comete un delito al cortar la luz, negando así la posibilidad de acceder al  servicio de agua. La segunda es sobre la intención de los priistas  locales, que se han manifestado sobre la municipalización de los  pozos. Atenco ha sobrevivido a la pérdida de capacidad de riego en sus  parcelas debido al manejo a modo de los pozos de riesgo por parte de la  Conagua. Ahora, la CFE se presta a cortar la luz, lo que se suma a las  condiciones de deterioro de los pozos.

Por si fuera poco, Atenco tiene que iniciar ahora otra resistencia  contra la intención de municipalizar –o sea, privatizar- el agua a  través de los pozos. El FPDT se pregunta quién garantiza que  municipalizando el agua van a garantizar el abasto de los pueblos,  cuando en otros municipios del Estado de México se ha visto que se  llevan el agua para las casas habitación, es decir, hacen negocio con  los recursos naturales.

Atenco nunca puso un letrero de “Se venden tierras”; sin embargo, el  gobierno federal, la Conagua, la CFE y el propio gobierno del Estado de  México especulan con el territorio de estos pobladores. Para el FPDT,  esto es ponerle precio al futuro de las familias atenquenses, a su  historia, a su identidad. Son las elites económicas y políticas las que  han provocado la división entre quien vende su voluntad y los que  defienden su futuro; han roto el tejido social desde el 2001.

El FPDT ha mostrado en estos  años que lo que los gobiernos entienden por progreso y desarrollo tiene que ver con las necesidades de esa  burguesía que nos gobierna y no con las necesidades de las y los  ciudadanos de nuestro país. El Frente evidenció también la falta de  congruencia de estos gobiernos neoliberales en torno a las necesidades  reales de nuestro pueblo.

Hoy día, el FPDT lucha por un bienestar común que no privilegie el  crecimiento económico de unos cuantos, el endeudamiento de muchos  y la  miseria para casi todos, sino que genere una calidad de vida justa y  digna para cada uno de los mexicanos, así como el respeto a las formas  de organización comunitarias, campesinas e indígenas. Se trata de  respeto a su historia y a su identidad.

Estamos en tiempos de represión a los movimientos, de manipulación de los medios de comunicación, de extracción y explotación de nuestros  recursos naturales, de conformación de una reserva de mano de obra  barata. Hoy día, el letrero de “Se vende” se quiere colocar a todos los  territorios que conforman nuestra patria, mientras se da a la par el  ascenso de elites económicas y políticas que simulan la construcción de  una democracia que ha servido para avalar la imposición en el poder. En  estas elecciones presidenciales se evidenció, ya  sin disimulos, su  falta de respeto a la voz del pueblo, así como sus intenciones.

Por eso es que en estos tiempos de rapiña cínica y ante tanta  insistencia, cobra más relevancia la consigna que al unísono grita el  Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: Atenco no se vende, se ama y  se defiende.  ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡La patria  no se vende, se ama y se defiende!

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