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Federación Internacional de Comunicadores Populares

INFORME DE UGTI VALLE A LA JUNTA DEPARTAMETAL DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES- CUT- VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, abril 9 de 2019.

 

Unión General de Trabajadores Independiente y de la Economía Informal, UGTI.

Informe Subdirectiva Valle del Cauca.

 

LA COMPLEJA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES INFORMALES.

 

  1. Introducción.

El rebusque y la informalidad laboral son fenómenos socio-económicos frutos de la apertura económica. La entrega del mercado interno a las mercancías extranjeras, para intentar mitigar la crisis mundial de superproducción, le está pasando cuenta a millones de compatriotas que cada día pierden sus negocios y sus puestos de trabajo. Así como el abaratamiento y la precarización laboral como una medida para quitarle competitividad a la producción colombiana en el mercado nacional. El resultado no es otro que la emergencia del desempleo, el rebusque, la informalidad, la pobreza y la desigualdad social, fenómenos que se van a profundizar bajo el gobierno de Duque, fiel ejecutor de las medidas anti-nacionales con las que destruyen las bases del progreso nacional.

  1. Un modelo económico contra la gente.

El modelo económico basado en libre comercio ha hecho de Colombia un país inviable para su gente. Según las cifras oficiales, más del 12% de la población con capacidad de trabajar se encuentra desempleada; cruda realidad que agrede con más impacto a los jóvenes (16%), siendo peor para las mujeres jóvenes (21%); l 67% de los ocupados urbanos son considerados informales, aunque es más crítico el fenómeno en la zona rural con un 90%; el 63% de los trabajadores activos no están cotizando para pensión, el 34% de los asalariados, el 86% de los independientes, el 64,7% de los jóvenes y el 64% de los adultos entre 55 y 59 años; el 26,9% de la población es pobre; el 36% de los hogares rurales no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica familiar; uno de cada cuatro hogares urbanos no tiene ingresos suficientes para acceder a la canasta básica. Y como si todo lo anterior no fuese el reflejo de una tragedia social, la poca riqueza que se produce de distribuye absolutamente desigual: el 20% más pobre percibe solo el 4% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico se queda con el 56%.

Todo este desalentador panorama se va a agudizar con la implementación de las medidas del gobierno Duque, quien está comprometido con la fiel ejecución de los Tratados de Libre Comercio y los mandatos de la OCDE.

  1. El rebusque: hijo legítimo de decisiones políticas.

El rebusque es consecuencia del desempleo y este del agotamiento al que están sometiendo la producción nacional. Según el DANE (2017) en Colombia 3.632.000 de compatriotas sobreviven como vendedores ambulantes, el 50% como estacionarios, el 15% semi-estacionarios, 14,9% en la calle al descubierto y 12% vendedores puerta a puerta. Al contrario de lo que expresan los gestores del neoliberalismo criollo, el rebusque no surge como de una decisión técnica entre alternativas rentables de inversión. Nada de eso. El rebusque es la última opción de miles compatriotas que un día perdieron el empleo o que no encuentran uno estable en las diferentes ramas de la economía formal.

El gobierno de Duque quiere ocultar el rebusque detrás de la llamada economía naranja, que resulta ser demagogia dura y pura. Solo el 8% de los colombianos que hacen inversiones se pueden considerar emprendimientos, el resto son iniciativas de subsistencia. El 80% de los emprendimientos tiene máximo 5 millones de capital y tan solo el 6% logran sobrevivir más de 3,5 años (PND, 175)[1], los demás son flor de un día.

  1. La lucha por el espacio público.

En los últimos años se viene presentando una lucha tenaz por el espacio público, unas veces abierta y otras de manera silenciosa. De un lado millones de compatriotas sobreviviendo, y del otro, los Alcaldes con implementando medidas para supuestamente recuperar el espacio público. Para esta labor se están amparando en el Código de Policía con la aplicación de comparendos por, supuestamente, infringir el artículo 140, a pesar de estar condicionado[2], y varios numerales del 90.

En las principales ciudades del país las administraciones municipales están implementando políticas de recuperación del espacio público. En Cali, por ejemplo, el Acuerdo 0424 de 2017, contempla las principales herramientas para desalojar a los vendedores ambulantes del centro y de otros lugares urbanos de interés económico, aplicando una caracterización para focalizar solo en madres cabezas de hogar, tercera edad y discapacitados los permisos transitorios para ocupar espacio público. Los vendedores de otras condiciones no tienen posibilidad de seguir trabajando en la calle. En Bogotá, Peñalosa se ampara el Decreto 098 de 2003, cortesía de Lucho Garzón, y el 456 de 2013 de la administración de Petro, para perseguir y desalojar a los vendedores ambulantes. A estos hay que sumar Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Tuluá, Cúcuta, Armenia, Pasto, entre otras.

Detrás de la campaña en contra de los vendedores ambulantes se esconde la política trazada por el Banco Mundial[3], plasmadas en dos documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes[4], soportada jurídicamente por la Ley 1077 de 2015 y próximamente por la mal llamada “Ley empanada” que está haciendo trámite en el Congreso de la República.

¿En qué consiste la política del Banco Mundial? En el aprovechamiento económico del espacio público en favor de grandes monopolios económicos, especialmente extranjeros. Ya la disputa no es por liberar el espacio público para el disfrute de la movilidad y el esparcimiento de los ciudadanos, no. Se trata de desplazar a los colombianos más humildes que aprestigiaron ciertos sitios, para que sean las grandes superficies las que dispongan de sus impulsadores de ventas, a cambio de cancelar una cuota por aprovechamiento, tal como ocurre en Bogotá gracias al Decreto 456 de 2013 emitido por la administración de Gustavo Petro.

El espacio público se convirtió, por mandato del Banco Mundial, en una mercancía disponible para quienes puedan pagar por el aprovechamiento. Todos los Acuerdos y Decretos sobre la política de espacio público contemplan este criterio esencial. Por lo tanto, la expulsión de los vendedores ambulantes es una condición esencial para dar cumplimiento a la política del Banco Mundial. Para tal fin recurren a la fuerza policial para desalojar de manera violenta, otras veces con argucias como la formalización vía reubicación (caso Bogotá 2013), o la reconversión laboral con capacitación previa en el Sena para crear la idea de que es posible mejorar las habilidades y la hoja de vida de los vendedores ambulantes, pero que al final no hay tal empleo estable.

  1. Las reubicaciones.

Por la naturaleza económica de un vendedor callejero, las reubicaciones están llamadas a fracasar. Mientras un inversionista crea un negocio para los clientes lo busquen, un vendedor informal busca a los clientes, ubicándose en una línea de tránsito de peatones.  Pero además, el vendedor ambulante carece de músculo financiero y capacidad de endeudamiento para apalancar inversiones. En Consecuencia, una reubicación, como las que proponen y ejecutan los gobiernos municipales, perjudica a los vendedores ambulantes. ¿La razón? Primero, tener un local incrementa los costos de operación y la demanda capital para surtir el negocio. Segundo, los lugares de reubicación tienen limitaciones de público, generalmente son sitios donde no concurren ciudadanos. Así que incrementos de costos y baja demanda, resulta en la fórmula para aguantar hambre.

  1. El amparo legal.

La Corte Constitucional brinda un reconocimiento a los trabajadores informales e incluso reconoce la causa del fenómeno, una decena de Sentencias[5]. En consecuencia, ha establecido un protocolo para los procesos de recuperación del espacio público y el tratamiento a los trabajadores informales. Partiendo del principio de la confianza legítima, el derecho al trabajo, a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital y que las acciones del Estado sean efectivas, reconociendo la realidad de los afectados.

Sin embargo, el Consejo de Estado les indica al gobierno nacional y a los Alcaldes la necesidad de recuperar el espacio público usado de manera indebida por vendedores ambulantes. Entre la Corte y el Consejo de Estado hay una lucha jurídica por la mal llamada armonización del derecho al trabajo frente el derecho al espacio público. En esta pugna pierden los vendedores, siempre.

  1. La alternativa.

La medida más efectiva para atender fenómenos socio-económicos como el desempleo y el rebusque, es volver a producir la riqueza que los colombianos podemos y sabemos realizar. Producir y redistribuir riqueza es la fórmula. Para tal propósito, la lucha por la soberanía nacional es un prerrequisito. Sin la facultad y la libertad de definir cómo, cuánto y cómo producir, resultará imposible resolver el atraso económico, científico y social del país.

  1. Acciones jurídicas o movilización.

Hay quienes, ante los agresivos ataques de la política imperante, caen en la tentación de la lucha jurídica. Nada más ineficaz que esta forma para defender los derechos. La Constitución Política de 1991, aunque garantistas en unos aspectos, su aspecto de derecho termina siendo sometido por la prevalencia de la defensa del modelo económico basado en el libre comercio con estrategia neoliberal.

La lucha jurídica como elemento central para la defensa de los derechos fundamentales es ineficiente por dos motivos. Primero, no contribuye a la formación, organización ni a la movilización del sector afectado. Segundo, la doctrina de la Corte hace llamados para que los funcionarios en su buena voluntad actúen. En la mayoría de los casos prefieren pagar por desacatar las definiciones de la Corte que cumplirlas, ejemplo de ello es la lucha de los vendedores en Cartagena. Ganaron en los tribunales, pero el gobierno Distrital desacató la medida.

La salida para los trabajadores informales es la organización, la educación y la movilización democrática. No hay otro camino. Lo que la movilización y la presión social no logren, no se va a lograr en los tribunales.

 

 

  1. El papel de la UGTI.

La UGTI es un esfuerzo de la CUT para unificar en una organización única a todos los trabajadores informales del país. Y tras varios años de trabajo, viene en un crecimiento importante a nivel nacional, con más de 6.000 afiliados en 27 subdirectivas a lo largo y ancho del territorio colombiano. En el Valle del Cauca, la UGTI cuenta con 527 afiliados entre Cali, Buenaventura, Buga y Ginebra, en este último municipio los afiliados se dedican al transporte de pasajeros en moto-carros.

La UGTI Valle considera de vital importancia el apoyo y el acompañamiento de la Central en los siguientes aspectos:

  • La defensa de los derechos de los trabajadores independientes e informales, en especial de los vendedores ambulantes y moto-transportadores informales.
  • La oposición a los procesos de reubicación que no cumplan con los protocolos establecidos por la Corte Constitucional, ni con las condiciones para una vida digna.
  • El rechazo a la imposición de comparendos, a los procesos de decomisos, desalojos y violación de las libertades democráticas de los vendedores y trabajadores informales.
  • El acompañamiento a los vendedores y trabajadores informales bajo amenaza de desalojo y reubicación.
  • La defensa del espacio público como patrimonio de la sociedad.
  • El rechazo a intromisión de EE.UU., y de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, en los asuntos del pueblo colombiano.

La UGTI Valle está comprometida con la tarea de organizar a los trabajadores, así como avanzar en la participación en las jornadas de movilización que convoque la Central en defensa de la soberanía, el derecho al trabajo, a la producción colombiana, la paz y la democracia, así como al rotundo rechazo a las políticas anti-nacionales que promueve y ejecuta el gobierno Duque. Es nuestro compromiso y lo vamos a honrar.

¡Viva la Central Unitaria de Trabajadores!

 

Javier López Botero                   César Collazos Rico

      Presidente                             Secretario General

[1] Lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (SIC).

[2] Aunque el alcance de este artículo fue limitado por la Sentencia C-211 del 2017, los gobiernos municipales incumplen la disposición de la Corte y actúan de manera desproporcionada contra los vendedores ambulantes.

[3] Banco Mundial, 2008. Revisión de la urbanización en Colombia: ampliando las ganancias desde la transición urbana.

[4] Conpes 3718: política nacional de espacio público; Conpes 3819: política del sistema de ciudades.

[5] De gran relevancia la T – 772 de 2003. Establece con claridad la naturaleza socio-económica de la informalidad y determina la doctrina para el tratamiento a los vendedores ambulantes. Sin embargo, queda a voluntad de los gobiernos municipales el cumplimiento de estos preceptos.

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