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El Salvador: ANTE UN NUEVO ASESINATO IMPUNE CONTRA DEFENSORES AMBIENTALISTAS ...

ANTE UN NUEVO ASESINATO IMPUNE CONTRA DEFENSORES AMBIENTALISTAS Y EN EL QUINTO ANIVERSARIO DEL ASESINATO POLÍTICO CONTRA LOS ESPOSOS MANZANARES MONJARÁS (Por Marina Manzanares-Mariposa-)
 
 Suman cuatro activistas defensores del medio ambiente, asesinados por escuadrones de la muerte que amparados en la impunidad de sus delitos, continuan cobrando nuevas victimas en nuestro querido pais El Salvador.  El primero fue Marcelo Rivera Moreno, quien era miembro activo de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y activista contra la mina El Dorado.  Rivera Moreno luego de permanecer 12 días desaparecido, fue encontrado su cadáver con señales de graves torturas en un pozo el día 30 de junio del año 2009, cabe destacar que las autoridades no hicieron esfuerzos  por garantizar la seguridad de Rivera a pesar de tres amenazas a muerte denuncias por Rivera ante las autoridades que no indagaron al respecto.    Marcelo Rivera Moreno, Ramiro Rivera Gómez, Dora Alicia Sorto
 
 El segundo ambientalista asesinados fue Ramiro Rivera Gómez quien fuera miembro del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales (CAC), organización que a la vez es defensora del medio ambiente ante los impactos de la explotación minera en la zona del Dorado.  Rivera Gómez fue atacado a pesar de la custodia de dos miembros de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos y según versiones de personas que presenciaron el asesinato, los miembros de la unidad policial que le "protegía", no actuaron en su defensa.  El defensor ambientalista, era síndico del Comité Ambiental de Cabañas, fue asesinado junto a la señora Felicita Echeverría, de 57 años de edad, y una menor de 13 años quien resultó lesionada y hacía un par de meses atrás se había salvado de morir acribillado tras un ataque de los sicarios escuadroneros que al final lograron acabar con su vida. 
  
  La tercer víctima de los grupos de exterminio fue la compañera Dora Alicia Sorto, también integrante del (CAC), Dorita en su octavo mes de embarazo, fue asesinada por arma de fuego el 26 de diciembre de 2009.   Antes del asesinato de la compañera ambientalista Dora Alicia Recinos Sorto, su esposo José Santos Rodriguez, había sido victima de intento de asesinato a manos de empleados de la empresa Pacific Rim, quienes le amputaron  con arma blanca algunos dedos de su mano derecha.    Según denunció en su momento Dora Alicia, hombres con armas largas habían llegado a su casa de habitación  a buscar, por la noche a José Santos, para asesinarlo, gracias a Dios él no se encontraba, expresó Dorita quien junto a su esposo formaban parte de los lideres de la resistencia ciudadana contra la empresa minera canadiense Pacific Rim. 
  
 La cuarta victima de los grupos de exterminio claramente financiados por el gran capital nacional y extranjero que intenta imponernos la explotación minera, ha sido el
el joven luchador ambientalista, Juan Francisco Duran Ayala, desaparecido el 3 de junio y encontrado torturado y con un tiro de gracia en la frente, el pasado 15 de este mes. el asesinato en El Salvador del defensor de derechos humanos Juan Francisco Durán Ayala, quien era activista del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales (CAC), organización que realiza actividades de defensa del medio ambiente frente a los impactos de la explotación minera en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas. Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales (CAC).
  
  
  
Ante este nuevo crimen contra el joven Francisco Duran Ayala, con justa razón, no solo sus familiares sino que la población en general de la zona y los que estamos comprometidos por la promoción y defensa de los derechos humanos, tememos de que se repita la historia de impunidad en la que suelen quedar este tipo de asesinatos, y  que ligeramente los fiscales concluyan, como ha sucedido con los demás,  que fue un caso de rencillas personales, familiares etc, etc.  Preocupa profundamente la poca o nada importancia que las autoridades policiales y de la Fiscalía General de la República dan a este tipo de crimenes y por el contrario se atribuyen a la delincuencia común, tésis totalmente ajena a la verdad. Continúan sin ser investigadas las reiteradas amenazas a muerte que sufren las y los trabajadores de Radio Victoria.

 

No olvidemos que tanto en el caso de Marcelo Rivera Moreno, Ramiro Rivera Gómez, Dora Alicia Sorto,  NO se ha investigado a los autores intelectuales y no sentimos satisfacción de los resultados que hasta ahora se han dado, pese a que Rodolfo Delgado, jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado (UNICO), reiteró en su momento su compromiso con que estos casos no queden en la impunidad.  

En este particular me voy a detener y juzgue usted querida lectora y lector, el por qué es difícil creer en personajes como el Fiscal Rodolfo Delgado a quien desde hace mucho tiempo debieron de depurar junto a su par el fiscal Walter Ruiz, de la Fiscalía General de la República, como muestra de que en realidad se quiere sanear ese tipo de instituciones para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Pongan atención y conozcan parte del historal del Fiscal Rodolfo Delgado. 

 

Según fuentes oficiales defensoras de los derechos humanos, el  Fiscal Rodolfo Delgado ha dirigido interrogatorios en los que miembros de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) han torturado a presuntos partícipes o testigos a quienes además de torturar física y psicológicamente amenazan con promover contra ellos acusaciones por largos años de cárcel atribuyéndoles cualquier delito, en el que obviamente no han participado; los amenazan con crear daños o procesar a miembros de su familia para presionarlos a que declaren contra una determinada persona, para confirmar las versiones que en forma amañada construye la Fiscalía, para dejar en la impunidad a los verdaderos capos de la droga y del crimen organizado.

 

Esto ha sido demostrado por la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos-CDDH- en sus informes sobre las torturas ocurridas contra un ex policía que estaba involucrado en un secuestro al momento de la detención de este señor Murgas Barrientos, miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP), la DECO, el ex Director de la PNC Mauricio Sandoval, el ex Subdirector Pedro González y otros jefes policiales, dirigieron un procedimiento mediante el cual torturaron físicamente durante más de doce horas a Murgas Barrientos; este procedimiento fue convalidado y encubierto por Rodolfo Delgado. Este hombre (Murgas) fue hospitalizado de gravedad luego que la Policía lo dejara casi muerto.

 

En el caso del asesinato del dirigente sindical salvadoreño-americano, Gilberto Soto,  en la investigación dirigida por  el Fiscal Rodolfo Delgado como jefe de la UCCO, también se produjeron torturas contra tres de los señalados por la Fiscalía de ser responsables directos e indirectos del crimen del líder sindical que residía en Estados Unidos y que fuera ejecutado en Usulután. Las torturas en uno de los implicados provocaron que éste acusara a la madre de la esposa de Soto de haber planificado su ejecución, no obstante, esta persona declaró los vejámenes de que fue objeto a la PDDH y tras el informe público de esta institución, Delgado junto a su equipo de Fiscales y el Comisionado Omar García Funes de la PNC, torturaron nuevamente al testigo para que rindiera una declaración extra judicial acusando a miembros de la PDDH de haberle ofrecido dádivas para que declarara, liberando de responsabilidad a la suegra de Gilberto Soto. No obstante en este caso, el testigo en un acto de valentía declaró ante un Juez que la Fiscalía le había preparado para rendir su declaración, proporcionando al funcionario judicial el papel escrito por uno de los fiscales miembros de la UCCO.

 

En este caso, el tribunal de Sentencia declaró que la declaración del testigo estaba viciada y liberó de responsabilidad a la mayoría de acusados. Este entre otro es el historial del experto en armar tamales políticos para encubrir a los que planifican, dirigen y realizan los asesinatos o actos contra el pueblo salvadoreño.

 

También Rodolfo Antonio Delgado fue el fiscal responsable del caso del homicidio del niño Gerardo Villeda, quien fue secuestrado sin que la PNC lo impidiera a pesar que vigilaban la casa de donde salió el vehículo para cometer el secuestro; en este caso la PNC realizó un procedimiento injustificado, en el cual atacaron con fusilería masiva la casa donde permanecía el niño (la PDDH ha señalado que probablemente la PNC fue la responsable del crimen por esta situación) y las autopsias de Medicina Legal revelaron que un secuestrado fue ejecutado con un disparo en el cráneo. El fiscal Delgado deliberadamente encubrió esta ejecución y liberó de cargos a los policías (entre ellos al Director Mauricio Sandoval), que ordenaron el ilegal procedimiento de ataque y asalto contra la casa en que permanecía el niño Villeda y que provocó el asesinato del inocente niño, además de la muerte de varios policías, sin que hubiera necesidad y sin que se promovieran mecanismos de negociación, pese a que tenían la casa y la zona rodeadas.

 

Con ese historial del fiscal Rodolfo Delgado, quien es nada menos que  Auxiliar Jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado DECO, ¿cómo la población salvadoreña puede confiar en una transparente y justa aplicación de la justicia? ¿Cómo se puede dar credibilidad y tener confianza en la veracidad de las investigaciones nada completas, pues nunca presentan a los autores intelectuales de los distintos crímenes?

  


 

No olvidamos que en el caso del asesinato contra mis padres los esposos Manzanares Monjarás, los fiscales que tuvieron a su cargo las “investigaciones” fueron Walter Ruiz y Rodolfo Delgado.  El primero de ellos,  en el año 2007 declaró ante un rotativo nacional que implementan la guerra medíatica contra el pueblo, diciendo que yo era sospechosa del asesinato de mis padres y en la ciudad de Suchitoto, lugar de vivienda de mis padres y donde fueron vilmente asesinados, las derechas mantienen gente  que se dedica a difamar a mi persona y a mi familia diciendo que ese crimen, que por todos sus antecedentes fue de carácter político, se debió a problemas de familia, por cosas de herencias etc., etc.!!!.  Es decir que estos señores, no solo acobijan con el manto de la impunidad al crimen organizado, sino que además revictimizan a las victimas; increíble!!!   En vez de ponerse a investigar técnica, científica y transparentemente el asesinato de mis padres, tal y como desde el primer día hemos venido exigiendo, se dedican a la difamación de la familia  promoviendo de esta manera el envalentonamiento tanto de sicarios como de los autores intelectuales.  Nos hemos cansado de solicitar al Fiscal General que saquen a Rodolfo Delgado y a Walter Ruiz del caso de mis padres y que por el contrario, pongan un fiscal independiente, capaz y con moralidad notoria y .hasta esa petición se niega a realizar este señor, en franca  falta de voluntad política para que en este crimen, que bien se puede considerar de lesa humanidad (con las implicaciones sociales y jurídicas que esto implica a nivel de investigación, estructuración y formulación), se haga justicia.


 

No sería para nada sorprendente que en el caso del más recién asesinato contra el joven ambientalista Francisco Durán Ayala, salgan diciendo que fue por problemas familiares, pasionales o por simple robo.  Tenemos clarito que al no investigar y sancionar a los representantes de Pacific Rim, las amenazas y asesinatos contra los defensores del medio ambiente continúan y continuarán... ¿Quiénes financian y ordenan a los sicarios amenazar, perseguir y asesinar a los ambientalistas y trabajadores de Radio Victoria? ¿Por qué de manera transparente y real no se investiga a los dueños nacionales y internacionales de la Pacific Rim? ¿Qué intereses oscuros  esconden?   El alcalde de Ilobasco, José María Dimas Castellanos, por ejemplo, es un nefasto sujeto que ha vivido amenazando a muerte a toda persona que lucha por la defensa del medio ambiente y por una vida justa y digna; ¿se le ha investigado a este sujeto? Esas, entre tantas otras,  son respuestas que debemos exigir a la Fiscalía y a la Policia Nacional Civil. 

 

Dado que somos huérfanos de una real, pronta y efectiva justicia, mi llamado reiterativo- porque desde siempre lo he mantenido-, es a que, como población consciente y sociedad civil organizada , conformemos un movimiento nacional contra el crimen organizado y la impunidad... Debemos incentivar la comunicación y atención social para prepararnos a una acción y movilización masiva, constante y extendida, contra los continuos flagelos que sufrimos; contra todo tipo de impunidad, contra la pérdida del respeto al derecho de la vida, contra las  imposiciones políticas y contra el crimen organizado. Exigir depuración de entidades como la Fiscalía General de la República, se vuelve imperante y es un derecho inclaudicable. 

 

Necesitamos crear nuestras propias redes de investigadores secretos que nos conduzcan hasta el nido de las ratas que  dirigen, financian y ejecutan las amenazas, las persecuciones y los asesinatos contra la población civil organizada o no.  Nosotros podemos porque de alguna manera tenemos experiencia de lucha organizada y conspirativa. Si sabemos de la impunidad enquistada en instituciones y funcionarios, ¿por qué nos damos el lujo de seguir enterrando y enterrando a nuestros muertos a atenidos de que la fiscalía, la policía, etc., van a investigar, enjuiciar y castigar a los asesinos intelectuales y materiales reales?

 
ESTE ES EL PÁRRAFO QUE NECESITO QUE ME DIGAS SI NO ESTOY INCURRIENDO AL ALGÚN ERROR JURÍDICO:
 
No se trata de tomar la justicia por nuestras propias manos porque tenemos moral, principios humanitarios y  queremos seguir fortaleciendo la institucionalidad que se crea a partir de los acuerdos de paz que va encaminada a la construccion de un  estado democratico y constitucional de derecho Queremos contribuir a  crear y activar mecanismos creíbles de investigación del delito,  en ese sentido propugnamos por una urgente depuracion en la Fiscalia General de la Republica y la reforma necesaria para lograr que la eleccion del Fiscal General de la Republica, sea  para garantizar una persona independiente y capaz, que se comprometa a responder publicamente sobre las investigaciones en estos casos donde hay una clara motivacion politica. 
En esta perspectiva se deben considerar: la denuncia ciudadana, la cultura de no encubrimiento, la praxis de investigación privada profesional.  

 Nuestra solidaridad moral a la familia del compañero ambientalista asesinado Francisco Durán Ayala y para sus compañeros de estudio y de lucha por la defensa del medio ambiente.

  

 Aprovecho para recordarles que este domingo 3 de julio a las diez de la mañana es la misa en conmemoración del asesinato político de mis padres los esposos Manzanares Monjarás en la CRIPTA de catedral San Salvador.  Están fraternalmente invitados/as.

POR ESOS MUERTOS, NUESTROS MUERTOS, LA LUCHA CONTINÚA!!!.
  
COMPAÑEROS MANZANARES MONJARÁS...PRESENTES!!!
  
EXIGIMOS INVESTIGACIÓN, JUICIO Y CASTIGO PARA QUIENES ORDENARON Y EJECUTARON ESTOS CRIMENES!!!.
  
  Fraternalmente, Marina Manzanares Monjarás (Mariposa.)
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Ciudadanos estadounidenses y salvadoreños residiendo en EUA claman ...

 

  

Comunicado de Prensa:

  

 

Por más de 30 años las organizaciones Ciudades Hermanas, la Fundación SHARE, y el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, CISPES, hemos apoyado al movimiento social en El Salvador. Hoy estamos aquí en solidaridad con el pueblo salvadoreño, exigiendo al Fiscal General de la República, Romeo Barahona, que ponga fin a la impunidad en El Salvador.

 

Como residentes estadounidenses, incluyendo representantes de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, apoyamos los logros que se han dado como resultado de la lucha valiente del pueblo organizado, tal como el detenimiento de la minería en el país y la alternancia de gobierno que se dio en 2009. Esta semana nos hemos reunido con nuestros aliados y aliadas del movimiento social, quienes nos han puesto al tanto del clima de impunidad en el que se vive en el país. Estamos conscientes y pendientes de las campañas de intimidación contra el movimiento social salvadoreño, y nos preocupa mucho el papel que ha jugado la Fiscalía General de la República al permitir una impunidad que arremete contra las vidas de la ciudadanía salvadoreña.

 

En el departamento de Cabañas se ha formado una fuerte resistencia a los proyectos mineros porque estos representan una grave amenaza a la vida de las personas por los impactos ambientales nocivos que provocan y la desestabilización social que causan en las comunidades. Este mes se ha dado otro hecho de violencia contra la resistencia anti-minera. Juan Francisco Durán Ayala desapareció el 4 de junio, un día después de estar en Ilobasco, repartiendo afiches y volantes contra la minería metálica, en el marco de una consulta pública sobre el sector minero. Identificaron su cadáver diez días después. Fue asesinado a balazos.

  

 

El asesinato de Juan Francisco es el cuarto asesinato de un ambientalista que se oponía a la minería en Cabañas. El cadáver de Marcelo Rivera, líder comunitario de San Isidro, fue encontrado en julio de 2009 con señales de tortura, y los ambientalistas Dora Alicia Sorto y Ramiro Rivera fueron asesinados a balazos en diciembre de 2009. Hasta ahora, las investigaciones de estos crímenes no han producido capturas de autores intelectuales. Además, hasta ahora, el personal de Radio Victoria ha recibido una oleada constante de amenazas de muerte por personas que se hacen llamar un grupo de exterminio, y no se ha llevado a cabo ninguna investigación por parte de la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía ni ha visitado a la Radio para buscar evidencia sobre las amenazas.

 

La violencia e intimidación continua crea un clima que obstaculiza el trabajo del movimiento social de Cabañas y de todo El Salvador. Las organizaciones sociales se ven obligadas a dedicar más energía y recursos para poder proteger a sus miembros, en vez de promover sus programas de alfabetización, conscientización, y desarrollo sostenible. La impunidad produce el miedo a las represalias, y así impide la plena participación de la población en foros públicos. De esta manera, la inacción de la Fiscalía legitima la idea que la violencia es un método viable y seguro de promover intereses políticos y sociales y también de manejar un debate público.

  

 

Además de la inacción de la Fiscalía en los asesinatos de los ambientalistas de Cabañas, estamos conscientes de otros casos de impunidad, como lo es el caso de Rubén Humberto Mejía Sotelo, un consejal municipal de Mejicanos, asesinado el día 14 de este mes. Igualmente, el alto nivel de corrupción en ciertas carteras de gobiernos anteriores no ha sido investigado de manera satisfactoria, a pesar de evidencia contundente que ha sido presentada por funcionarios actuales del gobierno.

  

 

Tal es el caso del ex ministro de salud, Guillermo Maza, a quien, a pesar de haber sido capturado, después dejado en libertad, y ahora capturado de nuevo, no se le ha enjuiciado por la malversación de fondos destinados a la reconstrucción de hospitales dañados en el terremoto de 2001. La Fiscalía tampoco ha investigado de manera conclusiva las denuncias de corrupción y malversación de fondos hechas por el anterior ministro de gobernación, Humberto Centeno, contra René Figueroa, Rodrigo Ávila, Coronel Jorge Murcia, Miguel Tomás López, José Armando Zepeda, y Julio Alberto Ramírez, todos funcionarios de la administración del ex-presidente, Antonio Saca. En estos casos de corrupción en los ministerios de salud y gobernación de la administración anterior, decenas de millones de dólares fueron robados al pueblo salvadoreño por funcionarios corruptos.

  

Por último, se dan las instancias de asesinatos de activistas políticos que no se han investigado como crímenes de naturaleza política. Son los casos de los asesinatos de Francisco Antonio Manzanares y Juana de Manzanares, en julio de 2006, y de Gilberto Soto, sindicalista de los Teamsters, en noviembre de 2004. Tanto la Fiscalía General como el Jefe Fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, tienen bajo su cargo llevar a cabo investigaciones que tienen como fin enjuiciar a los culpables de estos asesinatos.

 

La alternancia de gobierno que se dio en 2009 permite una apertura hacia la transparencia de manejos de fondos públicos. El patrón de impunidad frente a la corrupción gubernamental se fortalece con la inacción del Fiscal General, y de esta manera los esfuerzos de transparencia del nuevo gobierno son socavados. Al final del día, el que paga la cuenta con creces es el pueblo salvadoreño.

Con los ejemplos que hemos puesto, vemos que el Fiscal General actual no está cumpliendo con su deber de investigar el crimen que le corresponde según la Constitución de la República.

 

 Por lo tanto, reiteramos las exigencias de nuestros aliados y aliadas en El Salvador, llamando al señor Fiscal General Romeo Barahona a: Investigar de manera profunda todos los casos de violencia, asesinatos y amenazas contra el movimiento anti-minero de Cabañas y dar con los autores intelectuales, con una investigación del vínculo entre la corrupción de las autoridades municipales, las empresas mineras, y estos hechos de violencia.

 

Investigar plenamente el asesinato del consejal municipal de Mejicanos, Rubén Humberto Mejía Sotelo.

 

Hacer justicia en los casos de corrupción de gobiernos anteriores que asegure la devolución de los fondos robados al pueblo salvadoreño en el desfalco de fondos por ministros corruptos.

 

Hacer justicia en los casos de la familia Manzanares y del sindicalista Gilberto Soto, entre otros casos de naturaleza política que actualmente siguen en la impunidad.

 

Queremos recalcar que entre nosotros hay miembros de la comunidad salvadoreña que residen en los Estados Unidos y tienen especial interés en que El Salvador sea un país en el que se abogue por la vida humana. Las heridas que dejó la guerra civil que impulsó la emigración hacia Estados Unidos siguen sanando, y la impunidad continua en El Salvador representa, en gran medida, la continuación de la desigualdad que hizo necesario el conflicto armado. Como miembros de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, estamos muy conscientes de esto, y permanecemos solidarios con la lucha por la justicia en este país.

 

Por último, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo salvadoreño y nuestro compromiso de dar seguimiento a estos casos de impunidad e informar a nuestro pueblo en los Estados Unidos y a nuestro gobierno de las preocupaciones de nuestros aliados y aliadas en El Salvador sobre la actuación de la Fiscalía.

 

*Comunicado de prensa leído a medios de comunicación nacionales e internacionales el 24 de junio de 2011 frente a instalaciones de FGR.



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"Los pueblo no son violentos, los pueblos amamos la paz pero no la paz de los cementerios, sino la paz con justicia social, en dignidad y en respeto a los derechos humanos, cuando esos derechos se nos violentan, respondemos organizadamente sin violencia pero muy combativos"Mariposa.

 

"Marina Monjaras" castigoculpablesya@gmail.com 

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