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Once años atrás fue una catástrofe. La decisión hoy del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la reduce a un simple contratiempo porque exime de responsabilidades al capitán del petrolero Apostolos Mangouras y a quienes decidían qué hacer ante la tragedia. La conclusión de no sentenciar deja un rastro de sospechas sobre las presiones del poder transnacional para seguir actuando impunemente contra el medio  ambiente y los recursos naturales.

Pese a la década transcurrida el recuerdo no languidece: reaparecen las costas de Finisterre en Galicia enlutadas con el petróleo vertido por  el achacoso Prestige, de bandera panameña y una carga de  77.000 toneladas de fuel.  El trasiego inmediato de miles de voluntarios recogiendo chapapote con sus manos enfrentó el limbo inicial de decisiones mientras el buque herido continuaba envenenando el litoral, la fauna y la flora marinas.

El tribunal considera que con 26 años de antigüedad fueron insuficientes  las inspecciones de control sobre el funcionamiento del carguero. Aun así  la sociedad estadounidense American Bureau of Shipping (ABS) expidió el certificado de navegabilidad  que le permitió llegar con sus carencias a bordo hasta las aguas territoriales de la comunidad gallega donde ocurrió el derrame tóxico que se extendió por la costa norte española y llegó hasta la francesa.  El 19 de noviembre de 2002, a unas 130 millas marinas (250 kilómetros) de las orillas gallegas, el Prestige se parte en dos y tras su hundimiento continúa el daño valorado por la Fiscalía, en 4.328 millones de euros. La sentencia hoy precisa que sólo quedarán para indemnizaciones los 22 millones de euros de fianza depositados hace 11 años por la aseguradora londinense del barco. Al capitán Mangouras se le castiga levemente con nueve meses de cárcel –que no cumplirá- por desobediencia pues demoró tres horas el remolque del petrolero accidentado.

Sin culpables la decisión judicial once años después de la mayor desgracia ecológica ocurrida en España asombra a su opinión pública. Paradójicamente el resultado del juicio que se ha extendido durante ocho meses coincide con la decisión de  la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Ecuador que sentencia a la petrolera norteamericana Chevron a indemnizar con 8.646 millones de dólares (6.500 millones de euros) a los habitantes del cantón de Lago Agrio. La multinacional ha reaccionado con malestar pese a que tras su recurso de casación contra la sentencia emitida por un tribunal provincial ecuatoriano en 2011, se reduce en casi la mitad el pago por haber contaminado las aguas de la región entre 1964 y 1992 con sus prácticas extractivas. El pataleo de Chevron continuará ahora en los tribunales norteamericanos pero las autoridades ecuatorianas no se amilanan. Es lo que ocurre cuando tribunales y políticos coinciden en la voluntad de servir a sus ciudadanos y a sus riquezas naturales.

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