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Federación Internacional de Comunicadores Populares

¿Contra qué apunta la Ley Antiterrorista de Oscar Álvarez?

Por Equipo Coordinador AenR*


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Bajo el más estricto secreto se aprobó esta semana la nueva ley antiterrorista propuesta por el Ministro de seguridad Oscar Álvarez Guerrero. Álvarez entregó el Proyecto de la Ley al Congreso
Nacional la noche del pasado 7 de noviembre argumentando que “fondos
para grupos subversivos entran como remesas o a través de ONG” y
haciéndola amenaza, según indican la nota de la Red Morazánica de
Información, de sanciones drásticas para el país por parte de organismos
de las Naciones Unidas si no se aprobaba dicha legislación.
Desconocemos aún el texto de la ley o el número de artículos de código
penal que vendría a modificar, se menciona sí que vendrá a fiscalizarlas
remesas, donaciones, ayudas solidarias de ONG´s y demás aportes
económicos para las organizaciones que el gobierno de Lobo Sosa o el
Departamento de Estado Norteamericano podría incluir en la lista de
asociaciones ilícitas terroristas.

A partir de esa calificación, el Estado hondureño estará habilitado para
perseguir y procesar, con ley en mano, a cualquier organización
política o social que se manifieste o que financie manifestaciones en
contra de las acciones del gobierno o que pretenda ejercer presión sobre
sus organismos. La Ley Álvarez es un instrumento estratégico para la
criminalización de la protesta social.

Viendo lo que han sido las acciones del gobierno en los últimos meses,
debemos recordar acá los problemas sociales que heredará Porfirio Lobo
Sosa después de la tregua no declarada de las fiestas de fin de año:
Eliminación del Estatuto del Docente, Eliminación del código del
trabajo, Eliminación del derecho a huelga y sindicalizarse, Anulación
del acuerdo firmado con MUCA en relación a las tierras del bajo Aguán,
Concesión de todos los ríos aptos para la explotación Hidroeléctrica a
compañías nacionales y transnacionales, Privatización de empresas del
estado como la ENEE, SANAA, HONDUTEL, privatización de la UNAH,
Privatización del Seguro Social, Devaluación del Lempira, Crisis
Alimentaria, Aumento en el precio de la Gasolina, aumento del desempleo,
más impuestos, etc.

La nueva “ley Álvarez” llega luego de la masacre de 5 campesinos a manos
de paramilitares en los campos agrícolas del bajo Aguán que vienen a
sumarse a los casi un centenar de masacrados –por razones aún no
esclarecidas- de los últimos dos meses: 15 en el campo de futbol dela
Rivera Hernández, 18 en la zapatería de Cabañitas, 7 en Catacamas, mas
muchas-os otras-os que aparecen diariamente en pequeños números de 2,
3,4, 5.

Pero seamos realistas. Nuestros políticos jamás han sido capaces de
crear algo nuevo. Nuestras leyes siempre han sido copy-paste de otras
leyes que a su vez han sido copias de otras. Y en materia de leyes en
contra del terrorismo el camino a seguir es claro para saber de dónde
proviene su creación.

Es obvio que en el caso de Honduras dicha legislación tiene un tinte
político que nos involucra directamente al FNRP. Pero también tiene un
interés transnacional. Sabemos que nuestros legisladores son incapaces
de inventar un concepto nuevo y menos en materia de Terrorismo, ¿quiénes
son terroristas?, ¿cuáles son los actos terroristas? y ¿qué es una
organización terrorista? Y por incapacidad creativa, estamos seguros se
han usado la definición que Estados Unidos estableció a través de las
Naciones Unidas.

Para saber de dónde viene la nueva ley antiterrorista o Ley Álvarez,
veamos primero que es El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
Este es un organismo supranacional creado en 1989 en París, en la
Reunión Cumbre del Grupo de los 7 (países más poderosos del mundo). Su
objetivo es el de “orientar” a los países del mundo en materia de
persecución de financiamiento de organizaciones terroristas. Para los
países que no sigan las indicaciones del GAFI y legislen en materia de
financiamiento del terrorismo según las normas internacionales, se prevé
dos sanciones:

1. declarar públicamente que los países deben tener cuidado con realizar
operaciones financieras que provengan o sean destinadas a esos países.

2. La expulsión del país del seno de dicho grupo o la implementación de sanciones económicas.

Los acuerdos del GAFI, como todos los relacionados a la materia de
seguridad en Naciones Unidas, son vinculantes para todos los países dela
ONU y Honduras no es la excepción.

El GAFI ha presionado a todos los países de la región para aprobar leyes
similares, basta seguir una pequeña búsqueda en la red para conocer de
las desconfianzas que han creado leyes similares en el continente, como
la ley antiterrorista aplicada contra el pueblo Mapuche en Chile. Buscan
no el control del movimiento de activos para fines “terroristas”, sino
controlar las organizaciones populares y políticas que, en abierta
oposición a los intereses de las transnacionales reaccionen en contra de
la nueva fase del neoliberalismo.

Estados Unidos es quien acuñó el término de Terrorismo en las Naciones
Unidas y es, quien con la doctrina Bush de ataque preventivo ha llevado
la pauta de la materia. La ley antiterrorista de 1996 sancionada por la
casa Blanca definió como un atentado en contra de la seguridad nacional
–hablando de los Estados Unidos- aquellas acciones que se ejercen en
contra de su seguridad interna e intereses económicos de Estados Unidos.

Para América Latina, el brazo colonial de los Estados Unidos es el Fondo
Monetario Internacional. Es desde allí de donde vienen los cambios de
legislación que disciplinadamente implementa el Congreso Nacional en
contra de los intereses del pueblo hondureño.

Pero el FMI tiene además un agregado que ofrece a sus países miembros.
Entre los servicios que brinda el Departamento Jurídico del Fondo
Monetario Internacional está la de “orientar” a los países miembros para
elaborar leyes que repriman el financiamiento del terrorismo. Para
ello, el FMI ha elaborado un manual que “instruye” los países sobre cómo
redactar leyes antiterroristas.

La Ley Álvarez, apunta en contra del delito de financiamiento del
terrorismo. Este delito, es un delito de intención, pues la persecución
penal se inicia no solo si el hecho se comete, sino en la “intención y
la “finalidad, aunque el acto que se pretendía financiarse no se
consume”. Se penaliza la asociación y no el supuesto acto delictivo. La
figura de “asociación ilícita” es la lógica a usar en este caso. La
misma definición que utilizó la administración Maduro para perseguir a
los miembros de maras y pandillas, esta vez, para proteger los intereses
de las compañías transnacionales y del gobierno de los Estados Unidos.

*Artistas en Resistencia es una organización
política cultural conformada por trabajadores/as de la cultura por la
construcción del socialismo y la toma del poder popular. ¡Artistas
armados de cultura contra la barbarie!
http://artistaresiste.blogspot.com

Imagen agregada RCBáez

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