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¿Qué hacer para garantizar la protección del Derecho hoy en Venezuela?

¿Qué hacer para garantizar la protección del Derecho hoy en Venezuela?

 

Por: Freddy Marcial Ramos.

17/10/2016

 Respetables lectoras y lectores.

¿Qué hacer para garantizar la protección del Derecho? Y la atención oportuna a la denuncia para dar solución eficiente al problema jurídico planteado por el querellante, de acuerdo a lo previsto en art. 21 de CRBV.

     Creo que son insuficientes los órganos de control y administración de una justicia equilibrada e igualitaria para proteger a toda la sociedad venezolana, ya que a pesar de ser el Estado jurídicamente responsable de violar los DDHH de la ciudadanía, también la sociedad civil es co responsable en la violación del Derecho que le asiste a sus semejantes; en consecuencia se debería proyectar, debatir, aprobar  y crear un sistema de administración de justicia supra eficiente, orientado a garantizar el absoluto control de las desviaciones conductuales; debemos recordar que nuestro Derecho culmina cuando violamos el Derecho ajeno.

 

     Crear la infraestructura  física, humana y financiera comunitaria requerida para atender la demanda ciudadana en materia de Defensa de sus Derechos, tales como Fiscalía comunitaria, contraloría comunitaria y Tribunales parroquiales con competencia para sentenciar delitos menores, que puedan ser sancionados con acciones pecuniarias; ya que la actual Defensoría Pública es insuficiente y burocratizada, igualmente se debería crear las “Defensorías Comunitarias” con infraestructura técnico jurídica capaz de aplicar procedimientos conciliatorios en tiempo real, justicia pronta y expedita,  entre las partes en conflicto.  

    La actual estrategia de Estado orientada a la creación de los Jueces de Justicia y Paz ciudadana, jurídicamente es extremadamente exigente y limitante para lograr el cumplimiento de la meta de masificar estas instancias jurídicas; igual criterio debería aplicarse en cuanto a la ampliación de las Fiscalías Comunales que se dediquen a atender las infinitas querellas planteadas por las victimas de acciones violatorias a sus Derechos Humanos tanto en lo penal como en lo meramente civil y mercantil.

    Son infinitos los abusos cometidos por la ciudadanía contra sus semejantes, que al no tener sanciones ejemplares apegadas a derecho, vienen generando un peligroso auge delictivo que se escapa del control de los órganos policiales y la plena actuación del “Poder Moral”; situación que permite el permanente abuso e irrespeto de las personas desadaptadas sociales contra quienes pugnan por convivir en sana paz y armonía entre sus semejantes.    El Estado socialista revolucionario, está obligado por mandato constitucional y resto del estamento jurídico de la nación a garantizar la paz y la convivencia ciudadana; hoy en nuestra patria venezolana se vive en una permanente debacle social conductual, porque los Poderes Moral y  Justicia, están en mora con la aplicación total del contenido de la Carta Magna, en materia de administración de justicia; en consecuencia esa falta de aplicación de Justicia temprana y expedita, para sancionar a quienes atentan contra el Derecho de sus semejantes.

       Parte de la crisis social alimentaria, se ha generado porque los órganos de control jurídico responsable de normar  la desadaptación social  del comerciante usurero especulador y acaparador, no aplica con el debido rigor, la sanción penal prevista en el CPV, el CCV y la Ley Para la Defensa de la Personas en el acceso de los Bienes y Servicios, Ley Contra  el Acaparamiento y la Ley Orgánica de Precios Justos; como se puede apreciar, existe en mi patria venezolana, todo un conjunto de leyes orientadas a defender y proteger a la ciudadanía, de la voraz híper especulación comercial; pero la “Piedra de tranca” está en  la no creación de un real sistema control moral y  jurídico que permita garantizar el fiel cumplimiento del estamento jurídico penal vigente; tarea a la cual debería avocarse el MPPIJ en conjunto con los Poderes Moral Y Judicial.

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